Hace veinticinco años, en Barcelona, cerca de donde antaño habitaba La Vanguardia y los periodistas enredaban en Ca l’Estevet, hablé –y reí– por última vez con Ernerst Lluch. La primera ocasión había sido en abril de 1978, en Madrid, en el IX Congreso del PCE, donde –cosas de la vida– asistí, por diversas incomparecencias, en representación del antiguo PSPV. Allí, él ya nos organizaba la vida partidaria a todos. Allí, ya nos proponía la fusión del PSPV que yo debía transmitir a los líderes del pequeño partido. Este octubre ya no podré volver a hablar con Ernest. Pero quería hablar de Ernest. Y en eso, la furia de la sinrazón ha querido borrar su nombre.
Enseguida me acordé de cuando el estalinismo borraba de las fotos a cualquier opositor caído en desgracia. Los borraba, los recortaba, hacía desaparecer su imagen para que ya no existiera. Eso ha querido hacer la Generalitat con la memoria de Ernest Lluch, asesinado a tiros por ETA hace veinticinco otoños. Han retirado su nombre de un centro sanitario valenciano (y lo han hecho a medias tras el escándalo desatado). No es un gesto administrativo. Ha sido un gesto político cargado de simbolismo. Porque no se trata solo de un cambio de rótulo: es un ataque a la memoria, a la historia y a los valores de convivencia y respeto que Lluch encarnó durante toda su vida. Pero es algo todavía más siniestro. Más perturbador.
Siempre me gustó la forma en que recordaba Keynes a su antiguo tutor: “Tan incorruptible como un poeta, tan cerca de tierra como un político”. Así recordamos a Ernest Lluch: el profesor, el político, el intelectual, un demócrata valiente en tiempos de plomo y amenazas. Un ministro de Sanidad que dejó una huella profunda: la salud tiene un coste, pero no tiene precio.
Su firmeza democrática sí que tuvo un coste inmenso: dos disparos en la cabeza cuando estaba en el garaje de su casa en Barcelona. Era la vil respuesta de ETA a su compromiso con la paz, el diálogo y la democracia. En una palabra, el respeto. (“Gritad, gritad, porque mientras gritéis no mataréis”: aún resuenan sus palabras en la plaza de la Constitución de Donosti, cuando le reventaban un mitin los amigos de los violentos).
La decisión del Consell de borrar su nombre del complejo sanitario de Campanar no es neutral. Ante todo, es desalmado con la memoria de un ser humano asesinado por el terrorismo etarra. También refleja un sectarismo político que trivializa la memoria y destierra de su acción –una vez más– la más elemental humanidad. No se trata solo de suprimir a un político: se trata de deshumanizar, de intentar borrar de un plumazo todo aquello que representa el respeto, los valores democráticos y el compromiso con lo público.
Con todo, la desfachatez no se queda en un mero gesto. No se limita a lo retórico o simbólico. Hoy, estas actitudes se materializan en decisiones que pretenden imponer uniformidad donde hay diversidad. Hoy, las derechas radicalizadas buscan imponer al conjunto de la sociedad un marco mental retrógrado que, cuestionando derechos irrenunciables para la mujer como el aborto, erosiona la autonomía personal. Esa es su falsa libertad: decidir por los demás lo que deben hacer con su vida, al mismo tiempo que borran el nombre de aquel que propició el acceso universal a la sanidad y cuyo legado, hoy, sigue salvando vidas y distinguiéndonos de tantos países del mundo donde no se cura igual un rico que un pobre.
Lo que Lluch construyó choca frontalmente con esa visión autoritaria y excluyente de sus verdugos del año 2000 y de quienes ahora lo han querido purgar en 2025. Curioso: un revanchismo donde no cabe la revancha porque el objetivo común era derrotar a ETA y proteger la recobrada democracia española. Un sectarismo impropio de una sociedad de respeto.
Ernest Lluch no era de callar ni de gritar. Hablaba, razonaba, debatía. Fue un referente ético para nosotros. Su compromiso con la democracia fue firme desde la infancia: como alumno de La Salle, con siete años, levantó la mano para manifestarse antifranquista y ya jamás la volvió a bajar. Fue expedientado, detenido y procesado entre Els 10 d’Alaquàs por defender la libertad. Él entendía que un país dividido puede producir daño y muerte incluso entre vecinos, antiguos compañeros de escuela o colegas de un gimnasio. Pero sabía –ahí está la clave– que la diversidad no es el problema; intentar uniformizarla es el error histórico y una estupidez política que algunos, herederos y contaminados del Una, Grande y Libre, se empeñan en no dejar atrás. Su legado es un ejemplo de convicción frente a la barbarie y frente a la intolerancia. Porque él era un hombre de frontera. Lo contrario al estalinismo de estas nuevas derechas. Ernest decía: “Si alguna actitud política funciona, se mantiene. Si no funciona, se corrige inmediatamente. Lo único inamovible será la defensa de aquellos grandes principios que deben llevarnos a una situación mejor dentro de lo humanamente posible. Para que la libertad política, la eficacia económica y la justicia social avancen”.
Es triste que el rastro de la intolerancia –un Guadiana de la Historia europea que vuelve, va y vuelve a venir– ensombrezca nuestro presente democrático y lo contaminen todo. Desde la vuvuzela de las redes sociales hasta la solemnidad de las Corts, cuando un diputado ha banalizado esta semana con el nombre de Auschwitz para insultar al genocidio de Gaza (un caso de diván o de ignorancia inclasificable). Paradójicamente, estos días asistíamos en Francia al reconocimiento de Robert Badinter, el ministro que acabó con la pena de muerte y que ahora ha entrado en el Panteón. Sin exclusiones partidarias. Memoria.
Esa actitud es la antítesis de lo que se ha hecho con Ernest Lluch. Él ejemplificó que la democracia se basa en el respeto al diferente y en la defensa de lo común. El recuerdo de su figura, junto al de otras víctimas de la violencia política —como la del profesor Manuel Broseta, al que la pasada legislatura la Generalitat dedicó su nombre a la parada de metro cercana al lugar de su asesinato para que nadie se olvide— demuestran que, aunque sus convicciones políticas fueran distintas, todos compartían un compromiso absoluto con la libertad. Francisco Tomás y Valiente, el jurista valenciano, presidente del Tribunal Constitucional asesinado por ETA, decía: “Hay que edificar con la razón y la tolerancia como instrumentos”. Así lo ha sentido siempre la familia de Gregorio Ordónez (su hermana Consuelo, antes su madre Consuelo Fenollar) son un modelo. Olvidar a las víctimas es un error y una injusticia. Borrarlas, obsceno.
Hoy, más que nunca desde la Transición, conviene mantener vivo su ejemplo. Necesitamos recordar que la política es refractaria a las trincheras. De trinchera a trinchera se grita o se dispara. Es en la tierra de nadie donde cabe el diálogo y pueden germinar los acuerdos. Necesitamos una sociedad que no borre su historia ni a quienes la construyeron. Que no banalice el horror ni utilice la violencia simbólica para imponer dogmas y despreciar a personas como Ernest Lluch. Tenía 63 años.
Para el final de este octubre no podré hablar con él –ni reírnos– en Ca l’Estevet, pero cierro los ojos y aún oigo su ironía mordaz, veo su perspicacia, siento su carisma.
A Ernest nadie –nunca– lo va a borrar.
Ximo Puig, Levante-EMV, 19-10-2025