Señoras y Señores:
Este espacio es emblemático, porque en él se expresan todas las culturas desde ese valor central de la Constitución que es la Libertad.
El escenario de un teatro se muestra hoy como símbolo que exhibe la pluralidad y protege la expresión libre frente a la intolerancia que, con creciente frecuencia, provocan extremistas que no respetan el contrato social que nos define como una democracia avanzada.
Hoy celebramos el 40 aniversario de ese contrato social que propició la democracia, el entendimiento y el progreso. Los mejores 40 años de nuestra historia, con insuficiencias, con nuevas urgencias pero con un balance positivo indiscutible.
Desde el recuerdo y desde el análisis estrictamente riguroso, este país ya no tiene que ver nada con la España en blanco y negro del franquismo.
Una democracia no sólo es el sufragio universal, pero todos recordamos la primera vez que ejercimos el derecho al voto. Como algunos de ustedes, yo recuerdo con emoción que hace 40 años voté por primera vez.
La democracia es el voto, pero es mucho más que eso.
Por eso el voto no es un pasaporte que lo justifique todo; los principios democráticos van mucho más allá de la frontera del voto.
Hoy sabemos que la Constitución nos abrió las puertas de Europa, de la hoy Unión Europea, sin la cual no habríamos alcanzado el grado de progreso y de convergencia con los países más desarrollados del mundo.
Europa: nuestro sueño, nuestra Ítaca, que hoy parece aturdida en medio de una globalización sin gobernanza.
Y, sin embargo, nuestra Constitución se enraíza en esos valores nacidos y expandidos desde la Ilustración hasta nuestros días.
Es Europa lamento y esperanza donde reside nuestra capacidad por propiciar el entorno más favorable para el desarrollo de una sociedad libre, igualitaria y fraternal.
Señoras y señores:
La Constitución nos recuerda lo mejor de nuestra historia reciente.
Porque lo mejor que hemos hecho ha sido saber pactar, trabajar juntos y llegar a acuerdos que nos han proporcionado una época de convivencia en una pluralidad desconocida.
El diálogo, la negociación y el pacto –nos dice Amos Oz– no son una traición.
Acordar no es traicionar.
Son las únicas herramientas que tienen las sociedades democráticas para avanzar.
Esta es una lección que, con gran sentido de la responsabilidad nos legaron las Cortes Constituyentes.
Ese primer Congreso democrático en que fueron protagonistas personas extraordinarias. Como la diputada alicantina que clamaba por el feminismo cuando la presencia de las mujeres era casi testimonial, la hemos visto antes, Asunción Cruañes, cuya misión –ella subrayaba– fue “lograr la dignidad para las mujeres, que vivían en una situación de inferioridad de derechos sociales, de derechos y libertades, insólita en la Europa del siglo XX”.
Señoras y señores:
El consenso fue el origen de estos 40 años de progreso, pero no por sí mismo, sino por lo que le dio de contenido.
Lo esencial fue la voluntad compartida de reconocer el pluralismo social, el pluralismo político de una sociedad nueva que había dejado atrás la dictadura.
Lo que se decidía, lo que se decidió, era reconocernos a cada uno, a cada persona, como seres, como personas singulares, con independencia del sexo, de la raza, de la religión, de la ideología.
De garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos como elementos fundamentales del sistema democrático
De establecer un marco en el que las distintas nacionalidades y regiones, que existían, que eran reales, que eran verdad, pudieran así autogobernarse desde el reconocimiento de las lenguas propias, los sentimientos y la voluntad de descentralización política.
Y fue ese contenido el que propició el pacto y sobre todo lo fundamental, su consolidación. Porque un consenso vacío, además de ser inútil, hubiera tenido una vida muy corta.
Nuestra Constitución, basada en los modelos europeos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es, como decía al principio, un contrato social que busca el equilibrio entre el crecimiento económico y la redistribución, entre la libertad de mercado y la cohesión social, entre la igualdad y la libertad.
Ciertamente, la erosión de alguno de esos valores que sostienen ese equilibrio produce un desasosiego en la sociedad, un temor, un miedo, que favorece el populismo, el hipernacionalismo y la xenofobia.
Fenómenos iliberales que ponen en peligro las libertades y la democracia, por mucho que a veces algunos se empeñen en blanquear y legitimar acciones y proclamas que, en realidad, esconden un nuevo rostro del fascismo.
Observamos, por tanto tras este tiempo, tras la experiencia histórica, que como dice Adela Cortina, la democracia no es irreversible.
La respuesta a estos fenómenos es un mayor compromiso democrático y la Constitución nos proporciona los instrumentos con que evitar esa erosión de materiales en nuestros valores y fortalecer la cohesión como país.
En primer lugar, nos ofrece como faro sus valores superiores: la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político. Valores que deben empapar las leyes que surgen de los parlamentos, que deben empapar las acciones, las políticas públicas y sobre todo la convivencia y la concordia social.
La Constitución obliga a los poderes públicos a implicarse en obtener la efectividad de esos derechos, la efectividad de la libertad, la efectividad de la igualdad, y remover todos los obstáculos que dificultan su plenitud.
Y reconoce una lista de derechos irrenunciables. Derechos civiles, de la libertad de cada persona, derechos políticos, derechos sociales, culturales, económicos. Derechos que constituyen la base primera de la democracia avanzada.
Más aún, la Constitución nos remite para su interpretación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto internacional, que cumple 70 años y que, en palabras de Eleanor Roosevelt, constituye “la Carta Magna internacional para todas las personas en todo lugar”.
Una Declaración que nos recuerda nuestro deber, nuestro profundo deber, ético, moral, con quienes huyen de la miseria y de la pobreza.
Que nos interpela para que nos integremos en el Global Compact for Migration, referencia de las Naciones Unidas como compromiso mundial para una gestión segura y ordenada de los flujos migratorios.
La democracia es separación de poderes. La democracia es justicia independiente. Y, por eso, la Constitución establece un Poder Judicial y un Tribunal Constitucional como piedras angulares del Estado Social y Democrático de Derecho.
Y en ambos órganos, en ambos fundamentos, instrumentos constitucionales ha destacado uno de los juristas más grandes y más queridos: Pascual Sala, que como antes relataba la Vicepresidenta, fue presidente del Tribunal Constitucional, del Supremo, del CGPJ y del Tribunal de Cuentas.
Pero eso fue tras la aprobación de la Constitución, antes queda su compromiso cívico, que le llevó a militar en justicia democrática, en tiempos de la clandestinidad.
En el combate contra la dictadura, en el combate por la libertad.
En un día como hoy, del magistrado Sala hemos de recordar, primero, su compromiso con los derechos fundamentales, especialmente con los derivados de los principios de política social y económica.
Pues como él mismo se encargó de enfatizar en su discurso de investidura como doctor Honoris causa por la Universitat de València, “estos derechos no son meras recomendaciones, sino que han de informar toda la legislación positiva, la práctica judicial y las políticas públicas”.
Y en segundo lugar hemos de subrayar, hoy más que nunca, tanto su firme defensa de la independencia judicial, como su postura respecto a la cuestión territorial, en la que ha defendido el diálogo para alcanzar acuerdos amplios.
Por ese compromiso, por su valor humano, por su carácter de hombre de Estado y por una carrera difícilmente igualable, le reconocemos hoy y le agradecemos su servicio a este país.
Muchas gracias Pascual, y enhorabuena.
Señoras y señores:
La Constitución define, se ha dicho esta mañana en diversas ocasiones acertadamente, define al Estado español como Estado Social, y con ello subraya la exigencia, más allá de la ausencia de privilegios, de la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Los principios rectores que desarrollan esa definición recogen aspectos concretos en que los poderes públicos debemos, estamos obligados, a incidir: el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, el trabajo, el cuidado de las personas mayores, la protección a los más débiles… Ahí es donde los poderes públicos han de trabajar activamente para que los derechos sean derechos efectivos.
A día de hoy, los datos macroeconómicos son razonablemente buenos, pero muchos ciudadanos no notan esa mejoría como es debido.
En la Comunitat Valenciana, el porcentaje de familias en riesgo de pobreza se ha reducido en los últimos tres años en más de 200.000 personas.
Pero quedan muchas otras personas aún en esa situación, y hay datos especialmente desalentadores como por ejemplo que en España el 10% más rico es titular del 50% de la riqueza
Que esos desequilibrios no se atenúen nos debe preocupar muy especialmente porque ponen en cuestión el Estado Social que la Constitución proclama.
Cada uno debe asumir su responsabilidad.
La Constitución propició el Estatuto de Autonomía y el Estatuto de Autonomía ha sido capaz de abrir una nueva etapa en la Comunitat Valenciana.
Per la nostra banda, assumim la nostra responsabilitat estem decidits a seguir enfortint l’Estat Social com en els darreres anys: amb més pressupost, en polítiques públiques que milloren la vida de les persones.
La renda bàsica, la renda valenciana d’inclusió, les ajudes al lloguer, l’assistència sanitària universal, l’eliminació del copagament farmacèutic social, l’increment a les ajudes a la dependència, la implicació en la excel·lència de l’ensenyament públic.
Totes estes mesures constitueixen decisions del Consell adresades a fer realment efectiu l’Estat Social que sorgí en el 78, i sorgí en aquell moment també, no només pels partits polítics, elements fonamentals en el desenvolupament democràtic, sinó també per la importància que tingueren les organitzacions empresarials i sindicals.
Els sindicats: sense la seua existència, el seu esforç en les polítiques socials, els drets dels treballadors i treballadores i les relacions laborals no serien les que són hui.
Hem d’agrair, per tant, a aquells agents socials, sindicals i empresarials el que han fet possible treballant per la concertació com un punt fonamental de l’avanç social.
I com a associacions civils i cíviques sorgides els darreres temps tan importants com la Mesa Estatal per al Blindatge de les Pensions, que ha manifestat amb tota la seua força, amb tota la seua perseverança, la defensa irrenunciable a unes pensions dignes.
Este col·lectiu no només lluita pels seus drets, estan sobretot lluitant pels drets dels demés. No només per a les generacions actuals, sinó per les generacions futures.
Hui, el nostre premi és l’agraïment i també la defensa del naixement d’organitzacions cíviques capaces d’enfortir el teixit democràtic d’un país.
Muchas gracias por vuestra labor, muchas gracias por todo ese sacrificio personal en la mejora de aquello que es el pilar fundamental del Estado social que son las pensiones.
Señoras y señores:
Nosotros admiramos lo que significa la Constitución. Admiramos aquello que significa la Constitución, la defendemos, la reivindicamos y luchamos por la vigencia de sus valores.
Pero debemos recordar aquí una idea de Schönberg, cuando decía que “lo único que es eterno es el cambio, y lo único temporal, la permanencia”.
Si queremos mantener el orden básico que nuestro pacto social establece, debemos considerar seriamente adaptarlo a las transformaciones de un contexto cambiante.
No es una idea nueva. Antes lo decía Pascual Sala: ya en el siglo XVIII, el europeo Rousseau y el americano Jefferson abogaban firmemente por el derecho de la ciudadanía a, en cada época, reformar, actualizar la Constitución.
Pensemos que solo quienes hoy tenemos casi 60 años pudimos votar la Constitución del 78.
Son muchas generaciones que no han podido ejercer ese voto.
Históricamente, España ha sabido hacer constituciones, y constituciones con legado histórico, pero no ha sabido reformarlas. Es hora de que eso cambie.
Hoy, reformar la Constitución es defenderla. En febrero de este mismo año el Consell lanzó una propuesta para la reforma constitucional.
En ella, propugnamos una vía hacia un Estado Federal que suceda a este Estado Autonómico, que ha sido un Estado Autonómico de éxito, pero que hoy tiene un síntoma claro de agotamiento.
Porque carece de recursos institucionales, porque carece de recursos económicos y permite desigualdades territoriales inasumibles.
Defendemos un federalismo con lealtad constitucional, con una distribución más clara de competencias y con un sistema de financiación que permita la igualdad real de los ciudadanos, vivan donde vivan.
Pero la cuestión territorial, siendo fundamental, no debe eclipsar el diálogo sobre otros temas que se formulan en el horizonte de la reforma constitucional.
Por eso nuestra propuesta se ocupa de la sostenibilidad ambiental, de la lucha contra la violencia machista, del blindaje de derechos sociales como la vivienda, las pensiones, la salud, la transparencia y del buen gobierno.
Propuestas abiertas y formuladas desde el respeto y la ética de la responsabilidad.
Y, en relación a la lucha contra la violencia machista, todavía es el problema más grave que tiene esta sociedad. Cualquier viraje, cualquier tentación como la que estos últimos días estamos viendo, es para cualquier demócrata inaceptable.
Nuestra Constitución nos obliga a tener una actitud positiva. Hay otras constituciones, como por ejemplo la alemana, que obliga más, obliga a un ejercicio democrático militante. Siempre que se cumplan las leyes, nuestro sistema constitucional incluso considera legítimo no ser demócrata.
Por ello, les propongo hacer frente a las fuerzas antidemocráticas que en la actualidad, también ya en nuestro país, acechan con la práctica de un nuevo constitucionalismo militante. No es otra cosa que convertir en una convicción colectiva: la defensa de un marco de convivencia y, particularmente, la protección de todos los derechos y libertades.
Las acciones que hoy intentan condicionar y dañar nuestra libertad, las acciones que amenazan el derecho de manifestación o pervierten acciones legítimas, como actos de expresión cultural, quedarán en nada si los demócratas, todas y todos, sin distinción, nos oponemos a estas acciones sin fisuras.
No nos pongamos etiquetas. Es constitucionalista quien respeta los procedimientos constitucionales, quien quiere cambiar la Constitución y quien no la quiere cambiar, quien cree en la monarquía y quien no cree en la monarquía, quien es republicano o monárquico, centralista o federalista, de izquierdas o de derechas.
Cada uno tiene que adoptar una posición clara en defensa de la democracia, de aquello que nos une. De aquello que nos unió y que aún hoy nos une.
Ese ejercicio de unidad, ese ejercicio de unidades de respeto al pluralismo, de unidades de respeto a la diferencia, de gestionar adecuadamente la diversidad.
La diversidad es lo mejor que le pasa a cualquier ecosistema, principalmente al ecosistema de la sociedad.
Por eso, la mejor manera de homenajear a la Constitución en este 40 aniversario es procurar que el trabajo de cada uno, y muy especialmente de aquellos que tenemos responsabilidades públicas, se guíe cada día por los valores que impregna la Constitución: la libertad, la igualdad, la fraternidad y los derechos que le reconoce a cada uno de los ciudadanos.
Muchas gracias.
Teatro Principal de Alicante, 6-12-2018